La gestión laboral en Ecuador entra en una fase de mayor regulación, donde la inclusión de determinados grupos poblacionales deja de ser una buena práctica y pasa a ser una obligación legal para las empresas.
Las recientes reformas impulsadas por la Asamblea Nacional y la normativa emitida por el Ministerio del Trabajo establecen cuotas mínimas de contratación que toda empresa con más de 25 trabajadores debe observar. Los grupos prioritarios son personas con discapacidad, jóvenes entre 18 y 29 años, y mayores de 40 años.
Más que un cambio cultural, se trata de una actualización del marco jurídico que redefine las responsabilidades empresariales en materia de talento humano y cumplimiento laboral.
Nuevo marco legal de inclusión obligatoria
El sistema normativo actual combina varias disposiciones que las compañías deben tener presentes:
Personas con discapacidad
Conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica de Discapacidades, las empresas deben mantener al menos un 4 % de su personal con discapacidad, garantizando condiciones adecuadas de accesibilidad y desempeño laboral.
Jóvenes entre 18 y 29 años
La reforma laboral de 2024 incorporó una cuota del 10 % de contratación juvenil, con el fin de incentivar el empleo formal en este segmento etario.
Personas mayores de 40 años
De aplicación progresiva, esta medida exige que las empresas incorporen al menos un trabajador de este grupo etario por cada 25 empleados, hasta alcanzar un 4 % del total de la nómina.
Sanciones y control administrativo
El Ministerio del Trabajo ha anunciado un régimen de verificación y sanción más riguroso para garantizar el cumplimiento efectivo de estas cuotas.
Las multas pueden incluir:
- Hasta diez salarios básicos unificados por incumplimiento de la cuota de personas con discapacidad.
- Multas diarias entre USD 10 y USD 20 por no cumplir las cuotas de jóvenes o mayores de 40 años, acumulables hasta su regularización.
El enfoque estatal busca fortalecer la trazabilidad del cumplimiento mediante inspecciones, requerimientos administrativos y verificación documental de nómina.
Por ello, las empresas deben documentar y reportar adecuadamente sus políticas y resultados en materia de inclusión laboral.
Implicaciones para las empresas: cumplimiento y gestión del riesgo
El nuevo marco legal plantea retos significativos en materia de planificación laboral, presupuestaria y de cumplimiento normativo.
Las organizaciones deben revisar sus procesos internos y responder a cuestiones clave como:
- Criterios de cálculo de nómina para determinar los porcentajes exigidos.
- Ajustes físicos, tecnológicos o contractuales necesarios para cumplir la ley.
- Estrategias de contratación que garanticen la compatibilidad entre inclusión y productividad.
- Responsabilidades compartidas entre las áreas legal, recursos humanos y auditoría interna.
Una interpretación incorrecta o una falta de adaptación oportuna podría derivar en multas, procesos administrativos o riesgos reputacionales, por lo que resulta recomendable contar con acompañamiento jurídico especializado.
Cumplir para competir: la inclusión como parámetro de gestión
En un contexto regulatorio más exigente, cumplir con las cuotas de inclusión se convierte en un indicador de madurez empresarial y de gobernanza corporativa.
Las compañías que incorporan estos criterios dentro de su planificación laboral no solo reducen su exposición a sanciones, sino que fortalecen su reputación ante inversionistas, clientes y autoridades.
La inclusión deja de ser una iniciativa discrecional y pasa a ser un componente medible del cumplimiento corporativo.
Cada contratación o ajuste en la estructura de personal debe alinearse con la normativa vigente y con los principios de sostenibilidad empresarial que demandan los entornos regulatorios modernos.
Cómo apoya Hayu este proceso
En Hayu, asesoramos a las empresas en la adecuación integral a las nuevas obligaciones laborales.
Nuestros servicios incluyen:
- Diagnóstico legal y laboral para medir brechas de cumplimiento.
- Implementación de políticas internas alineadas con las cuotas establecidas.
- Representación ante el Ministerio del Trabajo en procesos de verificación o sanción.
Nuestro enfoque combina seguridad jurídica, eficiencia operativa y gestión preventiva del riesgo laboral, asegurando que las empresas no solo cumplan la ley, sino que también consoliden una cultura organizacional más justa e inclusiva.
