En Ecuador, la economía digital dejó de ser una promesa para convertirse en un terreno que avanza con la velocidad de aquello que ya nadie puede detener. Entrar al 2026 implica observar un país que poco a poco se ha visto obligado a migrar del papel a la pantalla, de la ventanilla física a la interoperabilidad, de la incertidumbre jurídica al reto de regular lo que apenas aprendemos a nombrar.
Lo que antes era un discurso sobre “innovación”, “transformación”, “digitalización”, hoy es un fenómeno cotidiano que toca a empresas, startups, creativos, proveedores del Estado y ciudadanos que compran, reclaman, pagan o consumen contenido desde un dispositivo.
La Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisualmarcó un antes y un después, estableciendo la obligatoriedad y plena validez jurídica de la firma electrónica tanto en el sector público como en el sector privado. Gracias a esta normativa, la firma electrónica que por años vivió atrapada en el temor jurídico, hoy navega con mayor seguridad en contratos, acuerdos transfronterizos y operaciones entre empresas que ya no pueden esperar semanas para validar un documento. Hoy en día, la digitalización de trámites, la exigencia de interoperabilidad y los estándares mínimos de ciberseguridad no son simples formalidades, son la columna vertebral de un ecosistema que necesita ser confiable para atraer inversión, operar con eficiencia y evitar que el error humano —o la brecha tecnológica— se convierta en un riesgo legal.
Pero más allá de los códigos y los reglamentos, la economía digital ecuatoriana late con cifras que cuentan su propia verdad. El comercio electrónico crece de forma sostenida: según el portal Payments and Commerce Market Intelligence, el e-commerce en Ecuador crecerá con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del 20 % entre 2024 y 2027, proyectándose hacia un volumen de US$ 11.000 millones en ese periodo. Este dinamismo está respaldado por una ciudadanía cada vez más conectada, el informe Estado Digital Ecuador 2025, señala que el país cuenta con 15,2 millones de usuarios en Internet -equivalente al 74% de la población- y 18 millones de conexiones móviles con una cobertura del 98,8%.
Bajo este contexto, los usuarios se vuelven más exigentes, y la fricción operativa deja de ser tolerable. Las empresas descubren que no basta con “estar digitalizadas”, deben demostrar transparencia, protección de datos, políticas claras de devolución, mecanismos de atención efectivos y seguridad en cada transacción.
El 2026 se perfila entonces como un año de equilibrio delicado, con oportunidades claras de innovación, eficiencia y nuevos modelos de negocio, pero también con vacíos regulatorios y operativos que requieren criterio, claridad y anticipación.La economía digital impulsa un crecimiento significativo, pero solo si se sostiene sobre un marco jurídico que proteja, prevenga y acompañe.
A continuación, presentamos el análisis de las principales interrogantes que aparecen al momento de hablar de economía digital el país:
¿Serán nuestras empresas capaces de adaptar su gobernanza para enfrentar los riesgos digitales antes de que se conviertan en crisis?
La transición hacia modelos de gobernanza digital no es opcional, es la única vía para que las empresas puedan anticipar amenazas en ciberseguridad, privacidad, continuidad operativa y uso responsable de datos. Las organizaciones que integran comités especializados en riesgo tecnológico, auditorías permanentes, mapas de riesgo digitales y protocolos de respuesta temprana desarrollan una mayor capacidad para detectar fallas, reaccionar con agilidad y contener impactos antes de que escalen en crisis reputacionales o regulatorias. En un entorno donde cada decisión deja huella digital, la gobernanza ya no es solo un mecanismo de control, sino una estrategia de resiliencia empresarial.
La adaptabilidad dependerá de la madurez interna de cada empresa. Aquellas que integren la gestión digital al centro de sus decisiones estratégicas —no como función aislada del departamento de TI— estarán mejor posicionadas para prevenir crisis antes de que escalen.
La experiencia internacional muestra que las empresas que sobreviven en entornos digitales son aquellas que incorporan prácticas de gobernanza digital como parte de su adn, así encontramos los siguientes puntos a tomar en cuenta:
- Mapeo de datos, con flujos claros, bases legales de tratamiento y responsables internos.
- Contratos tecnológicos robustos que incluyan SLA, propiedad intelectual, responsabilidad por fallas y estándares de seguridad.
- Gestión de ciberseguridad basada en riesgo, auditorías y planes de respuesta a incidentes.
- Comités de tecnología y cumplimiento, con voz en la alta dirección.
El reto para 2026 será profesionalizar la gobernanza digital. Quienes lo hagan, ganarán una ventaja competitiva; quienes no, entrarán tarde a una conversación que ya no espera a nadie.
¿Podrá la regulación de inteligencia artificial equilibrar innovación y protección, sin ahogar a las startups ni desproteger a los usuarios?
El gran desafío regulatorio es diseñar marcos que protejan derechos fundamentales sin sacrificar la velocidad de innovación. El camino más prometedor está en regulaciones graduales basadas en riesgos, donde las obligaciones se ajustan al nivel de impacto de la tecnología.
Esto permite que startups y emprendimientos sigan iterando sin cargas desproporcionadas, mientras que sistemas de alto riesgo quedan sujetos a auditorías, transparencia algorítmica, trazabilidad y responsabilidad clara. Los países que avancen hacia modelos híbridos —flexibles para innovar, estrictos para proteger— serán los primeros en atraer inversión tecnológica y talento especializado sin comprometer la seguridad de las personas.
Las claves para lograrlo son tres:
- Exigir más a quienes generan más riesgo: Los sistemas de IA que influyen en crédito, salud, educación o seguridad deben operar bajo altos estándares de transparencia, trazabilidad y supervisión. Por otro lado,, las soluciones de bajo impacto como herramientas creativas o automatizaciones administrativas necesitan reglas más livianas y proporcionales a su nivel de riesgo
- Dar certidumbre jurídica a las startups: Reglas claras, documentación mínima, auditorías proporcionadas, cláusulas definidas de responsabilidad y entornos de prueba regulada (sandboxes), permiteninnovación sin generar limitantes operativas y financieras al inicio de su actividad.
- Proteger a los usuarios sin asfixiar el mercado: La clave no es prohibir, sino hacer explicable para el usuario común cuándo un algoritmo decide, que datos utiliza y bajo que límites opera.
Si Ecuador adopta este camino, podrá insertarse en la conversación global sobre IA sin quedar rezagado ni caer en sobre-regulación. Lo que está en juego no es solo tecnología, sino la confianza y la legitimidad del ecosistema digital.
¿Qué mecanismos fiscales harán viable un comercio electrónico transfronterizo justo, competitivo y sostenible?
La evolución del comercio electrónico exige que el sistema fiscal avance a la misma velocidad que las transacciones digitales. Para 2026, Ecuador deberá ajustar cuatro elementos:
- Claridad en el tratamiento del IVA digital: Establecer reglas simples para servicios digitales prestados desde el exterior, evitando interpretaciones dispares que desalientan inversión.
- Reglas de retención equilibradas para marketplaces: Los marketplaces deben ser corresponsables en ciertas obligaciones, pero sin cargarles con trámites que inviabilicen su operación o desalienten a los vendedores locales.
- Facilidades aduaneras para pequeños envíos transfronterizos: E-commerce internacional no debe verse frenado por procesos lentos o cargas excesivas. Mecanismos como umbrales para importaciones pequeñas o procesos simplificados pueden dinamizar la economía sin perder control fiscal.
- Incentivos verdes y reglas de carbono para envíos internacionales, fomentando prácticas sostenibles.
La meta no es recaudar más por recaudar, sino construir un entorno competitivo donde el vendedor nacional, el internacional y el consumidor operen en condiciones claras y previsibles.
¿Qué significa verdaderamente “confianza digital” en un país que se está reinventando?
La confianza digital no se construye únicamente con infraestructura; nace de la percepción colectiva de que los datos, transacciones y decisiones tecnológicas están protegidos, auditados y gobernados con responsabilidad.
En países que están redefiniendo su modelo económico y político, la confianza digital es más que un concepto técnico: es el nuevo contrato social entre usuarios, empresas y gobierno. Sin ella, cualquier avance tecnológico será limitado y frágil.
Significa, en términos prácticos:
- Que un ciudadano pueda firmar digitalmente sin temor a fraude.
- Que una empresa pueda contratar tecnología sabiendo que su proveedor cumple estándares.
- Que los datos personales estén protegidos, y no se utilice de manera indebida.
- Que el Estado digitalice procesos sin exponer información sensible.
- Que los algoritmos puedan ser auditados, explicados y corregidos.
Confianza digital es, al final, la infraestructura intangible que sostiene la economía digital. Sin ella, todo se derrumba: el e-commerce, las fintech, los servicios públicos digitales, la IA, las industrias creativas y hasta la innovación misma.
El compromiso de Hayu con el futuro digital de las empresas
En este contexto de transformación acelerada, Hayu se posiciona como un aliado estratégico para empresas y organizaciones que buscan navegar los desafíos de gobernanza tecnológica, regulación de IA, comercio electrónico y protección de datos.
Desde nuestra experiencia en derecho corporativo, innovación legal y gestión de riesgos, ayudamos a nuestros clientes a anticiparse a los cambios, cumplir con las exigencias normativas emergentes y construir entornos digitales seguros, eficientes y confiables.
Nuestro compromiso es acompañar al sector privado ecuatoriano en su transición hacia un futuro donde la tecnología sea una herramienta de desarrollo sostenible y no un riesgo incontrolable.
