El pasado 26 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó con 78 votos a favor la Ley Orgánica de Transparencia Social, con carácter de urgente económica. Esta normativa busca regular y transparentar el funcionamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro (OSSFL) en Ecuador, aunque no faltan voces que advierten sobre posibles excesos regulatorios.
Origen y objetivos de la ley
- Prevención del lavado de activos y corrupción: responde a las recomendaciones del GAFILAT para reforzar controles financieros y de integridad.
- Mayor supervisión: busca ordenar el registro y la rendición de cuentas de las OSSFL.
- Participación cuestionada: varias organizaciones sociales reclamaron que la sociedad civil no fue incluida en la construcción de la norma.
Puntos más relevantes
1. Sistema Unificado de Información (SUIOS)
Todas las OSSFL deberán registrarse en esta plataforma administrada por el Ministerio de Gobierno en un plazo de 180 días.
2. Sistemas de integridad institucional
En un plazo de seis meses, deberán implementar códigos de ética, auditorías, canales de denuncia y políticas anticorrupción.
3. Fiscalización a cargo de la SEPS
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria auditará y supervisará a las organizaciones, imponiendo sanciones según su nivel de riesgo.
4. Evaluación y clasificación por niveles de riesgo
Las OSSFL serán clasificadas como de riesgo bajo, medio o alto, según volumen de recursos, origen de fondos, alcance territorial, naturaleza jurídica y antecedentes.
5. Rendición de cuentas obligatoria
Deberán publicar información sobre misión, estatutos, estados financieros auditados, fuentes de financiamiento, gastos y políticas de integridad.
6. Inclusión de minería ilegal
Se añaden disposiciones para combatir el lavado de activos proveniente de la minería ilegal, modificando también aspectos de la Ley de Minería.
7. Deudas con el IESS
Se exonera a empresas públicas en liquidación del pago de deudas con el IESS, punto que ha generado fuertes críticas.
8. Prohibición de persecución política
La ley garantiza que las organizaciones no podrán ser perseguidas por motivos políticos o ideológicos.
9. Incentivos a buenas prácticas
Las organizaciones que adopten altos estándares de transparencia podrán acceder a certificaciones, reconocimientos e incentivos.
Conclusión
La Ley de Transparencia Social representa un esfuerzo por reforzar la rendición de cuentas en las organizaciones sociales del Ecuador. Sin embargo, el reto será lograr un equilibrio entre la necesidad de control y el respeto al derecho de asociación, evitando que las nuevas regulaciones terminen debilitando el tejido social que las OSSFL han construido en el país.
El valor agregado de HAYU frente a la nueva Ley
En este nuevo escenario regulatorio, HAYU actúa como aliado estratégico para las organizaciones sociales:
Diseño e implementación de sistemas de integridad: elaboración de códigos de ética, políticas anticorrupción y canales de denuncia, adaptados a la realidad de cada organización.
Cumplimiento corporativo y regulatorio: asesoría integral en procesos de registro en el SUIOS.
Prevención de contingencias legales: identificación temprana de riesgos de inconstitucionalidad, conflictos normativos y vacíos legales que puedan afectar a las OSSFL.
Capacitación y cultura de transparencia: programas de formación para directivos y equipos, orientados a fortalecer la cultura organizacional de transparencia y ética.
Soft landing normativo: acompañamiento a organizaciones internacionales y de cooperación que busquen operar en Ecuador bajo la nueva normativa, asegurando un cumplimiento ágil y eficiente.
Con una visión que integra compliance, derecho corporativo y políticas públicas, HAYU ofrece soluciones que no solo garantizan el cumplimiento formal de la ley, sino que fortalecen la legitimidad, sostenibilidad y credibilidad de las organizaciones frente a sus beneficiarios, cooperantes y la sociedad en general.
