La Asamblea Nacional del Ecuador ha aprobado la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa robusta que responde a la urgente necesidad de fortalecer la ética en la gestión pública, optimizar el uso de los recursos estatales y combatir de manera estructural la corrupción y el crimen organizado.
Este instrumento legal no solo introduce reformas profundas en la contratación pública, sino que transforma el enfoque estatal sobre la administración, el control y la protección de los recursos públicos, alineándose con los estándares internacionales en materia de integridad y buen gobierno.
¿Por qué se crea la Ley de Integridad Pública?
Ecuador atraviesa una coyuntura compleja, marcada por:
- Un contexto de inseguridad vinculado al crimen organizado.
- Escándalos de corrupción que han deteriorado la confianza en las instituciones.
- Ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
- La necesidad de proteger a los grupos vulnerables, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, frente a prácticas delictivas.
La nueva ley responde a estos desafíos integrando reformas en múltiples cuerpos normativos, como:
- El Código Orgánico Integral Penal.
- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- La Ley de la Contraloría General del Estado.
- Normas sobre finanzas públicas, contratación estatal y lucha contra la corrupción.
Ámbitos de aplicación de la Ley
La normativa tiene un alcance transversal, aplicándose a:
- Toda la Administración Pública, en sus funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social.
- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales.
- Las empresas y personas que manejen recursos públicos o participen en actividades de interés estatal, como proveedores, contratistas y entidades privadas que presten servicios públicos.
Además, regula aspectos como la contratación de servicios, adquisiciones, control patrimonial y sanción de actos que vulneren los principios de legalidad, ética y eficiencia.
Pilares fundamentales de la Ley de Integridad Pública
1. Fortalecimiento de la Contratación Pública
Entre los principales cambios se destacan:
- Reformas al Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) para garantizar mayor transparencia y eficiencia.
- Prioridad a los productos y servicios de producción nacional, en especial de microempresas, cooperativas y la economía popular y solidaria.
- Creación de Ferias Inclusivas para adquirir bienes y servicios locales, potenciando la economía regional.
- Modernización del Portal de Contratación Pública, con uso obligatorio de firma electrónica e inteligencia artificial para la detección de irregularidades.
- Registro Único de Proveedores (RUP) fortalecido, exigiendo requisitos de integridad, trazabilidad y confiabilidad para todos los oferentes.
2. Lucha estructural contra la corrupción
La Ley introduce un enfoque integral y preventivo para combatir la corrupción, incorporando controles reforzados y sanciones ejemplares en todas las fases de la gestión pública.
Medidas destacadas:
- Mayor control en la fase precontractual: Se verifica la capacidad técnica, solvencia económica y situación tributaria de los proveedores antes de adjudicar contratos. La Contraloría podrá realizar auditorías preventivas.
- Sanciones severas: Quienes participen en prácticas fraudulentas, colusión, sobornos o falsificación de documentos serán descalificados, inhabilitados para contratar y sometidos a procesos penales.
- Incentivos para denunciantes: Los denunciantes de corrupción, con pruebas verificables, obtendrán beneficios en procesos de contratación, como puntajes adicionales o prioridad en adjudicaciones.
- Fortalecimiento de los entes de control: La Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado amplían sus competencias para auditorías, defensa del patrimonio público y recuperación de recursos desviados.
- Transparencia obligatoria: Todos los procesos de contratación deberán ser publicados de manera accesible y actualizada en el Portal de Contratación Pública, garantizando el derecho a la información.
3. Prevención y respuesta al crimen organizado
Ante la creciente infiltración criminal en el aparato estatal, se adoptan medidas extraordinarias para proteger a las instituciones y la ciudadanía.
Acciones implementadas:
- Protección integral a adolescentes: Se reforman normas penales para prevenir la captación de menores por bandas delictivas, con políticas de prevención, rehabilitación y entornos seguros, priorizando el interés superior del niño.
- Medidas disciplinarias contra funcionarios cómplices: Se podrán suspender o destituir de forma expedita a funcionarios que entorpezcan investigaciones o favorezcan a redes criminales.
- Control patrimonial y enriquecimiento ilícito: Se establece un sistema de monitoreo patrimonial para detectar incrementos injustificados, ocultamiento de bienes o lavado de activos, permitiendo iniciar sanciones administrativas y procesos judiciales.
4. Modernización institucional
La Ley impulsa un Estado más eficiente, transparente y alineado a los retos actuales, a través de:
- Actualización en la adquisición de bienes inmuebles: Se garantiza que las adquisiciones respondan al interés público, evitando especulaciones inmobiliarias y asegurando el uso social de los bienes.
- Regulación de expropiaciones: Se implementan procedimientos claros y transparentes, respetando los derechos de los propietarios y evitando abusos.
- Fortalecimiento de centros de investigación y formación: Se otorgan recursos a los institutos de investigación y la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, promoviendo la profesionalización y la innovación.
- Independencia en el sistema financiero y monetario: Se blindan los procesos de designación de autoridades en entidades clave, garantizando decisiones técnicas, estabilidad económica y protección de los recursos públicos.
Conclusiones: ¿Qué implica esta ley para el sector público y privado?
La Ley de Integridad Pública redefine las reglas para el sector público y sus actores privados, estableciendo estándares más altos en:
- Transparencia y rendición de cuentas.
- Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
- Participación ética en procesos de contratación.
- Prevención y sanción de la corrupción.
- Protección de los derechos de los grupos vulnerables.
Para las empresas y profesionales que trabajan con el Estado, es indispensable:
- Actualizarse sobre los nuevos requisitos en contratación pública.
- Cumplir los procesos de inscripción y habilitación en el RUP.
- Implementar sistemas internos de integridad y debida diligencia.
- Prevenir riesgos legales y reputacionales vinculados al crimen organizado o prácticas corruptas.
