El 10 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia, consolidando por primera vez un marco normativo integral que regula el funcionamiento del sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia en Ecuador. Esta norma representa un hito legislativo tras más de cuatro décadas sin una ley específica que regule estas funciones críticas del Estado.
¿Qué establece la nueva ley?
La nueva normativa crea y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, estructurado por un ente rector con rango ministerial, varios subsistemas especializados y un Comité Nacional de Inteligencia encargado de articular políticas públicas en materia de seguridad.
Los subsistemas reconocidos incluyen inteligencia:
- Militar
- Policial
- Económica y financiera
- Tributaria
- Penitenciaria
- Anticorrupción
- Y otras que podrán ser creadas por decreto ejecutivo
Garantías y límites
Uno de los aspectos más importantes de esta ley es que establece límites claros para proteger los derechos humanos, la intimidad, la privacidad y la no discriminación.
Toda actividad de inteligencia que afecte derechos fundamentales deberá contar con autorización judicial previa.
Además, se establece un mecanismo de control democrático, que obliga al ente rector a rendir cuentas semestralmente ante la Asamblea Nacional.
Controversias debatidas
Durante su trámite legislativo, varios temas generaron debate:
- El manejo de fondos reservados sin control público directo
- Requisitos para la designación de autoridades (como contar con un título de cuarto nivel o no haber estado afiliado a partidos políticos en los últimos 10 años)
- Posibles observaciones por vulneración al principio de unidad de materia constitucional
A pesar de estas controversias, el texto final logró consensos e incorporó observaciones de múltiples bancadas y organismos técnicos.
Desde HAYU: oportunidades y alertas
La entrada en vigor de esta ley abre un nuevo capítulo en la gestión estratégica de la seguridad en Ecuador. Sin embargo, su implementación exigirá una vigilancia jurídica rigurosa, especialmente en aspectos relacionados con:
- Protección de datos personales
- Transparencia en el uso de recursos públicos
- Garantías de control institucional real y efectivo
Desde HAYU, continuaremos analizando su aplicación práctica y acompañando a nuestros clientes del sector público y privado en temas de cumplimiento normativo, análisis de riesgos y protección de derechos fundamentales frente a estas nuevas disposiciones legales.
